El gobernador logró los votos para tomar deuda y evitar un descalabro financiero en la provincia, pero ahora debe obtener la venia del Gobierno nacional. La negociación incluyó cargos en el Banco Provincia, beneficios para intendentes y tensiones internas en la oposición.
Con el respaldo clave de sectores de la oposición —a los que debió concederles lugares y poder— Axel Kicillof consiguió finalmente lo que buscaba desde hacía meses: la aprobación de la ley que le permite endeudarse por 3.680 millones de dólares. Es un alivio para la gestión y un paso estratégico rumbo a 2027. Pero el triunfo aún no es completo: para usar una parte sustancial de ese financiamiento, el gobernador ahora debe lograr que el gobierno de Javier Milei convalide la operación, cuyo aval final depende del Ministerio de Economía.
La ley sancionada establece un punto central: autoriza a la provincia a tomar 3.035 millones de dólares para refinanciar deuda y otros 650 millones para organismos descentralizados. Ese primer tramo es el que requiere la aprobación de la administración nacional, en manos de Luis Caputo. La relación con la Casa Rosada no ayuda: Diego Santilli, ministro del Interior, evita incluir al mandatario bonaerense en sus contactos con gobernadores.
Milei, por su parte, dejó señales este viernes. Compartió en redes la intervención del diputado libertario Agustín Romo y lo felicitó mientras acusaba al gobierno bonaerense de “política delincuencial”. Romo, en plena sesión, había denunciado que Kicillof “subastó el Banco Provincia” para conseguir los votos necesarios, y cerró anunciando el rechazo del bloque libertario.
En La Plata, la defensa del endeudamiento es tajante: sostienen que los fondos son indispensables para áreas sensibles como salud, seguridad e infraestructura, además de garantizar asistencia a municipios que están al límite y analizan pagar aguinaldos en cuotas. En el círculo del gobernador creen que Milei tendrá poco margen para bloquear la operación: “Nadie quiere más tensión social en el conurbano”, argumentan. También recuerdan que 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron autorización para endeudarse en los últimos meses.
La negociación, voto a voto
El acuerdo estuvo lejos de ser sencillo. El punto más áspero fue la ampliación del directorio del Banco Provincia, con cinco nuevos cargos que obligaron a modificar la Carta Orgánica. El movimiento abrió espacios para radicales y dirigentes del PRO, además de representantes de La Cámpora, el massismo y del entorno de Martín Insaurralde. Ese reparto, sumado a posiciones en Diputados, permitió destrabar una negociación que parecía destinada a naufragar.
Finalmente, Kicillof obtuvo, por un voto, los dos tercios necesarios en la Cámara baja. Votaron a favor los sectores de Cristian Ritondo, Diego Santilli y Néstor Grindetti en el PRO; los radicalismos de Martín Lousteau y Diego Garciarena; la Coalición Cívica; y espacios intermedios que mantienen una relación oscilante con el oficialismo bonaerense. Solo se opusieron los representantes del PTS-FIT y el bloque libertario puro.
Una ausencia llamó la atención: la del diputado Ramón “Nene” Vera, hombre cercano al operador libertario Sebastián Pareja. Su faltazo —junto al de una legisladora del PRO— facilitó que el oficialismo alcanzara la mayoría.
El respaldo del PRO generó un choque directo con La Libertad Avanza. Florencia Arietto y Pareja cuestionaron a los amarillos por haber “cobrado cargos”, mientras que la senadora publicó la lista de nombramientos para exponerlos. La alianza opositora quedó herida y en plena crisis interna. Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, aprovechó el clima para protagonizar un cruce en el recinto y posicionarse políticamente al inicio de su mandato.
Aun con las concesiones, Kicillof se aseguró el control del Banco Provincia: mantendrá cuatro vocales propios y cedió otros a La Cámpora, el massismo y el sector de Insaurralde. Además, se creó un consejo consultivo para terminar de sellar la negociación.
Los intendentes, otros beneficiados
Los jefes comunales también lograron resultados importantes: un fondo de al menos 250 mil millones de pesos —ampliable a 350 mil millones— proveniente del endeudamiento, condonación de deudas tomadas durante la pandemia y la incorporación de un nuevo mecanismo para estabilizar la coparticipación y evitar caídas bruscas del CUD. Ese capítulo también se negoció hasta último momento.
Con la ley ya sancionada, el gobernador pasa ahora a la segunda fase: lograr que Milei habilite la deuda. Una pulseada que promete nuevos capítulos y que será determinante para la gestión provincial en 2025.