La ley de identidad de género (N° 26.743), sancionada el 9 de mayo del 2012, fue la primera normativa a nivel mundial que no patologiza a las identidades trans. 

El texto de la norma fue pensado de manera articulada por organizaciones del colectivo LGTBIQ+ desde donde, como una estrategia de lucha, se impulsaron amparos ante el Poder Judicial para que se reconozcan dichas identidades.

En diálogo con la agencia Télam, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce, afirmó que "la democracia llegó para las travestis y las trans con la sanción de la ley de identidad de género".

Y recalcó que la normativa marcó “un cambio de paradigma en relación a la presencia del Estado y las identidades travestis y trans, teniendo en cuenta que en algunos lugares hasta el año 2012, hasta la llegada de la Ley de Identidad de Género, se criminalizaba a la identidad travesti trans".

Según un relevamiento que llevó adelante el Renaper en 2022, a 10 años desde la ley, desde la aprobación de la norma, 12.655 personas modificaron su DNI. De ellas, el 7,6% eran menores de 18 años.

La primera mujer trans en acceder al trámite fue la activista tucumana Mariela Muñoz, quien crió a 23 infantes a lo largo de su vida y falleció en 2017 a los 74 años, mientras el primer varón trans en alcanzar la rectificación legal fue Kalym Adrián Soria, trabajador social que actualmente tiene 57 años y accedió a su primer empleo formal gracias a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio de 2021.

Para dar cumplimiento a la ley de identidad de género, el Poder Ejecutivo nacional emitió el 21 de julio de 2021 el Decreto 476/2021 que establece que el Renaper debe adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y los pasaportes incorporando la opción X para salir del esquema binario de "femenino" y "masculino".

Actualmente, la aparición de Tehuel de la Torre –el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021– y una reparación histórica para las travestis y trans mayores son algunos de los reclamos del colectivo a once años de la sanción de esta normativa.

Respecto a este último punto, al momento hay tres proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados –impulsados por las diputadas del Frente de Todos Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estevez– que buscan una reparación histórica para el colectivo, que equivale a la entrega de una pensión mensual para aquellas mayores de 40 años que hayan vivido violencia institucional.