Este 22 de abril se cumplen 40 años del inicio del Juicio a las Juntas, un proceso judicial que marcó un hito tanto en la historia argentina como mundial. Fue la primera vez que un país democrático juzgó a los responsables de una dictadura militar ante tribunales civiles, un paso fundamental en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín y respaldado por organismos de derechos humanos y sectores políticos, este juicio representó una respuesta institucional a los crímenes cometidos durante la dictadura.

El proceso comenzó en 1985, menos de dos años después de la recuperación democrática, y tuvo como objetivo juzgar a los comandantes de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Se trató de una serie de crímenes de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y apropiación de menores, todos parte de un plan sistemático de represión ilegal.

La importancia de este juicio no solo radicó en su dimensión judicial, sino también en su valor pedagógico para la sociedad argentina, permitiendo que se escucharan los testimonios de las víctimas, se dimensionara la magnitud de los crímenes y se desarticularan los discursos negacionistas. En total, 833 personas declararon a lo largo de 530 horas de audiencias. El juicio culminó con la condena de cinco altos jefes militares, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, y la absolución de otros cuatro.

El Juicio a las Juntas fue el resultado de una firme decisión política del gobierno de Alfonsín, que, en un contexto de presión militar y miedo social, decidió llevar adelante la investigación y el juicio de los crímenes de la dictadura. Este paso fue crucial para restablecer el Estado de derecho en la Argentina.

El rol del gobierno de Alfonsín

En los primeros días de su presidencia, el 13 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firmó el decreto 158/83, que ordenaba someter a juicio a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares responsables de las violaciones a los derechos humanos. También firmó el decreto 157 para investigar a los líderes de las organizaciones armadas, enmarcándose en la “teoría de los dos demonios”.

El objetivo de Alfonsín no era solo simbólico. Ante los intentos de las Fuerzas Armadas de garantizarse impunidad con las leyes de autoamnistía, el gobierno democrático tomó una decisión histórica: abrió el camino institucional para juzgar los crímenes cometidos desde el Estado. A pesar de los obstáculos, el juicio se desarrolló en la justicia civil, garantizando mayor independencia y transparencia.

La Cámara Federal asumió el proceso judicial, apoyada por reformas legales como la Ley 23.049 aprobada en 1984, que permitió el traspaso de la causa a la justicia civil. Además, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por Ernesto Sábato, fue crucial para documentar los crímenes y aportó una base probatoria fundamental para el juicio.

A pesar de las presiones internas y externas, Alfonsín lideró este proceso de justicia, enfrentando la amenaza de levantamientos militares y el riesgo de desestabilización institucional. Sin embargo, más tarde, el gobierno de Alfonsín impulsó las leyes de “Punto Final” (1986) y “Obediencia Debida” (1987), que generaron críticas por poner límites a la judicialización de los crímenes de la dictadura.

A 40 años de aquel proceso histórico, el Juicio a las Juntas sigue siendo un referente fundamental en la lucha por justicia y memoria en Argentina y en el mundo.