La jueza María Eugenia Capuchetti fue confirmada por la Cámara Federal porteña en la causa que investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Sin embargo, el tribunal superior le ordenó a la magistrada profundizar en la línea que vinculada al diputado del PRO Gerardo Milman.
De esta manera, el juez de Cámara, Leopoldo Bruglia –a cargo de la definición– rechazó la recusación presentada por la querella de CFK, según consignó Télam.
En torno a la investigación, los jueces del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Bruglia dispusieron que se avance en nuevas medidas en torno a los dichos de un testigo que vincularía al diputado del PRO Gerardo Milman, para "corroborar o descartar" la sospecha.
Así, de manera parcial, la Cámara hizo lugar al planteo de los apoderados de la Vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldázabal, quienes pretendían que se ordene el secuestro para peritar de los celulares de dos asesoras de Milman que estuvieron con él en el bar Casablanca, en la zona del Congreso Nacional, cuando un testigo dijo haberlo escuchado decir "cuando la maten, yo estoy camino a la costa".
Por su parte, senadoras y senadores que integran el interbloque del Frente de Todos (FdT) emitieron un comunicado en el que repudiaron la decisión de la Cámara de confirmar a la jueza Capuchetti al frente de la investigación.
"Es muy grave la decisión adoptada por el juez Bruglia (designado camarista a dedo por el ex presidente Mauricio Macri). Así se le impide el acceso a la justicia a la Vicepresidenta, quien fuera víctima de un intento de asesinato por parte de activistas de extrema derecha el pasado 1 septiembre, y el conocimiento de la verdad plena de lo acontecido al pueblo argentino", señala el documento. Y añade: "Los abogados de la compañera Cristina Fernández habían solicitado el apartamiento de la jueza Capuchetti, porque no investigó todos los elementos surgidos".
En otro tramo del comunicado, se señala que que "la magistrada rechazó la mayoría de las medidas de prueba reclamadas por la querella y no agotó todas las líneas de investigación que aparecieron tras el frustrado atentado; sin contar el lamentable episodio en que se borró, sin explicación alguna y bajo custodia judicial, la memoria del teléfono celular del principal acusado del ataque".
En su resolución, los jueces de Cámara plantearon ahondar en la pista que vincula a Milman y le indicaron a la jueza que amplíe la declaración del testigo Jorge Abello y la del diputado Marcos Cleri, quien aportó una captura de pantalla donde el primero le refería lo sucedido.
Los abogados de CFK habían reclamado el secuestro para peritar los teléfonos celulares de las dos asesoras de Milman, las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco.
Ambas estuvieron con él en la mesa del bar cuando Abello dijo que escuchó la frase y declararon en la causa pero la jueza rechazó secuestrar sus celulares.
Ahora, el Tribunal de Apelaciones remarcó la "gravedad institucional" del hecho investigado, "el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández".
En otra resolución, el juez Bruglia rechazó el planteo de la querella para apartar a Capuchetti de la causa al no haber "por el momento" evidencia de riesgo de parcialidad.
Los planteos de los apoderados de la Vicepresidenta "se dirigen a manifestar su disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada", concluyó Bruglia.
El juez escuchó a los letrados en una audiencia presencial el miércoles último, antes de resolver.
Poco después, la jueza delegó la investigación en la fiscalía federal de Carlos Rívolo.
La querella sostuvo en la audiencia que Capuchetti incurrió en "ausencia de imparcialidad" al rechazar "en su enorme mayoría" la prueba que pidió en el caso, u ordenarla de manera "tardía".
Además argumentó que no delegó la instrucción "pero tampoco se impulsó una línea investigativa, bloqueando toda hipótesis más allá de las personas que actualmente se encuentran imputadas", entre otros motivos.
Bruglia expuso en su resolución que el atentado a la Vicepresidenta "ha puesto severamente en riesgo los preceptos y valores de convivencia democrática y del orden constitucional".
"Baste recordar la imagen de un sujeto que increíblemente logró colocar y gatillar un arma cargada con proyectiles a centímetros de la cabeza de quien detentaba en ese momento la Vicepresidencia de la Nación", advirtió.
Este "singular escenario exige, sin duda alguna, una actividad y respuesta jurisdiccional, donde impere una investigación profusa y sin demoras, en la que se considere y se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva", evaluó.
"Para ello, se debe priorizar la realización del universo de medidas probatorias que resulte indispensable para determinar o descartar cualquier otra participación en el hecho, más allá de la reprochada a los sujetos que ya fueran identificados y procesados", agregó.
Pese a todo ello, "por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad", concluyó.