Desde Washington, donde se encuentra negociando asistencia financiera de Estados Unidos para Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la presentación de siete ofertas de empresas privadas para la concesión de rutas viales. Según señaló, “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”.

Sin embargo, la operación incluye un financiamiento estatal del 70% de la inversión total por parte del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que había anunciado el lunes pasado un crédito de hasta $56.000 millones para cubrir esa porción. Esto sugiere que, sin la asistencia del Estado, los oferentes no estaban dispuestos a aportar el capital propio.

El esquema también contrasta con lo anunciado por el presidente Javier Milei, quien aseguró que estas concesiones de obra pública vial se realizarían sin fondos estatales, y que serían los empresarios quienes financiarían la obra y recuperarían la inversión mediante el cobro de peaje.

Las ofertas presentadas buscan adjudicarse la concesión de la Ruta del Mercosur, que incluye las rutas 12 y 14 y el puente Rosario–Victoria. Entre las compañías se encuentran “Autovía Construcciones y Servicios” del grupo Cartellonem; un consorcio formado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni bajo la figura de la “Red Federal de Concesiones Viales”; y las empresas Benito Roggio e Hijos, Panedile Argentina, Rovella Carranza y Coyserv, especializada en obras de ingeniería de gas y petróleo.

La situación pone en evidencia una contradicción entre la narrativa oficial sobre inversión privada y la dependencia del financiamiento estatal, generando dudas sobre la autonomía financiera de los proyectos viales.