La crítica situación ambiental de los cursos de agua en la provincia de Buenos Aires volvió al centro de la escena esta semana, con nuevos episodios de contaminación y una creciente preocupación por la falta de controles a nivel nacional. En este contexto, el gobierno bonaerense activó operativos de monitoreo y análisis mientras los especialistas denuncian el abandono de responsabilidades por parte del Estado nacional.

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires expresó su “profunda preocupación” por los altos niveles de contaminación registrados en ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata. La entidad reclamó el fortalecimiento de los controles y denunció el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales por parte de sectores industriales, agropecuarios y sanitarios.

Los casos más graves incluyen la presencia de metales pesados y agroquímicos en el Río de la Plata, el alarmante episodio del arroyo Sarandí teñido de rojo, desechos cloacales en Berisso y una extensa mancha marrón sobre el río Paraná, en San Pedro. Frente a esto, desde el Consejo remarcaron que “la falta de fiscalización efectiva vulnera cotidianamente el derecho a un ambiente sano”.

A pesar del rol que debería tener el Gobierno nacional en garantizar estos controles, la respuesta ha sido nula. Por eso, el Ministerio de Ambiente bonaerense, con el respaldo del gobierno provincial, intervino con relevamientos y toma de muestras en San Pedro para determinar el origen del fenómeno. Se busca saber si se trata de un fenómeno natural o si hay sustancias vertidas por la actividad humana.

El especialista ambiental Fabián Maggi explicó que si bien ciertas tonalidades en el río pueden deberse a causas naturales, la magnitud del episodio “amerita un seguimiento más detallado”. Aunque por ahora no se registraron mortandades de peces, las autoridades recomendaron evitar el contacto con el agua como medida preventiva.

Desde el Consejo también subrayaron la importancia de aplicar de manera efectiva leyes como la 7020, que exige la matriculación obligatoria de quienes manipulan productos químicos, con protocolos estrictos de seguridad e higiene.

Con un Estado nacional cada vez más ausente en materia ambiental, la Provincia redobla sus esfuerzos para fiscalizar actividades que pongan en riesgo los recursos naturales. La situación deja en evidencia que, sin políticas públicas firmes y coordinación interjurisdiccional, el deterioro ambiental continuará avanzando, con consecuencias directas sobre la salud de la población.