Diversos organismos pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, marcando el inicio de cambios radicales. En las últimas horas, se ejecutó un envío significativo de telegramas de despido, desvinculando a 200 empleados de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), según trascendió.

El Gobierno justificó estas medidas con razones operativas y políticas, argumentando la necesidad de apartar a aquellos empleados que no cumplían adecuadamente con sus responsabilidades, así como a funcionarios vinculados a la gestión anterior.

Este proceso de reducción de personal no se limita a estos dos organismos, sino que se enmarca en una serie de recortes en distintas sociedades del Estado. La Administración General de Puertos (AGP) experimentó la baja de 140 contratos en los últimos días, mientras que en Aerolíneas Argentinas se inició un proceso de retiros voluntarios.

En entidades del área de transporte, como Trenes Argentinos, ya se están realizando movimientos internos para ajustar la plantilla en diversas áreas. La incertidumbre también rodea a Corredores Viales, recientemente incorporado a la órbita de Posse.

Avanza la motosierra

Un caso particular es el de Télam, donde los 700 empleados fueron licenciados por una semana mientras el Gobierno determina el futuro de la agencia de noticias estatal.

Este recorte masivo se ve impulsado por contratos que vencen en marzo. Muchos empleados estatales renovaron sus contratos por 90 días al final del año pasado, y este periodo llega a su fin a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre estableció la finalización de todos los contratos de empleados estatales que comenzaron sus funciones en el año anterior, afectando a aproximadamente 7000 trabajadores públicos.

La siguiente fase del decreto determina que el resto de los empleados bajo contrato renovaría por tres meses, sometiéndose a un "relevamiento exhaustivo" para evaluar la continuidad de sus contrataciones caso por caso.

Estos ajustes en las sociedades del Estado sirven como preludio de un recorte más amplio que se anticipa en la administración nacional a finales de este mes. En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei están llevando a cabo auditorías de recursos humanos para evaluar las funciones y la asistencia al trabajo de los empleados.

La onda expansiva se agravaría a fines de mes, cuando venzan los contratos de los empleados estatales que renovaron sus contratos por 90 días en diciembre. Se espera una nueva ola de desvinculaciones masivas en todos los niveles, enfocada en retener a aquellos que cumplen sus responsabilidades y tareas asignadas, mientras que los que no cumplen serán cesanteados. Aunque no se ha proporcionado una cifra exacta, se espera que varios miles de empleados públicos sean afectados por esta medida.