El Gobierno nacional volvió a tensar el conflicto por la Ley de Emergencia en Discapacidad y decidió apelar el fallo judicial que lo obligaba a cumplirla de manera inmediata en todo el país. La jugada se da en plena disputa parlamentaria por el Presupuesto 2026 y después de que la oposición frenara en Diputados el intento oficial de derogarla.

La apelación fue presentada por la Procuración del Tesoro contra la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había declarado inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la ley. El recurso fue concedido y ahora la definición quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín.

Aunque el escrito lleva la firma del procurador Santiago Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador Julio Comadira, los fundamentos aún no fueron difundidos. El Gobierno tiene cinco días hábiles para formalizarlos. Mientras tanto, el fallo sigue vigente: el juez concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que implica que la orden de aplicar la ley continúa activa pese al intento del Ejecutivo de revertirla.

La ofensiva judicial llegó apenas horas después de un revés político en el Congreso. En el debate del Presupuesto 2026, la oposición logró rechazar el artículo que buscaba derogar de forma definitiva la Emergencia en Discapacidad, frustrando el plan del oficialismo de cerrar el tema por la vía legislativa.

Sin embargo, en la Casa Rosada no dieron el tema por cerrado. La estrategia ahora apunta a revertir esa votación en el Senado y luego insistir nuevamente en Diputados con la redacción general del Presupuesto. Lo ocurrido, de todos modos, dejó en evidencia que el camino será accidentado y que la resistencia política sigue firme.

El fallo apelado cuestiona de manera directa el artículo 2 del decreto 681/2025, con el que el Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la ley alegando falta de partidas presupuestarias. Para González Charvay, ese argumento no se sostiene ni jurídica ni fácticamente y constituye una violación del sistema republicano.

El magistrado recordó que, tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso, el Ejecutivo promulgó la ley pero dejó sin efecto su cumplimiento mediante un decreto, amparándose en la Ley de Ejecución Presupuestaria. Según el juez, esa maniobra es inconstitucional: un decreto no puede subordinar ni anular una decisión del Poder Legislativo.

En su resolución, González Charvay fue especialmente duro con el argumento fiscal del Gobierno. Lo calificó de engañoso y señaló que la propia Ley de Emergencia habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para garantizar su ejecución. Para el juez, se trata de un “argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura” del texto legal.

El fallo también advierte que la suspensión de la norma implica un caso de “clara discriminación” contra las personas con discapacidad, afectando además a niños y adultos mayores, que enfrentan una doble situación de vulnerabilidad. En ese sentido, remarca que el Gobierno sí utilizó decretos para modificar el presupuesto en otras áreas, pero se negó a hacerlo en este caso.

Aceptar esa lógica, sostuvo el magistrado, equivaldría a convalidar un uso “parcializado y discriminado” de los recursos públicos, en abierta contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino. La resolución describe además la grave crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.

González Charvay apeló al principio de no regresividad en materia de derechos humanos y advirtió que la suspensión de la ley provoca un deterioro progresivo de servicios esenciales. Por eso, descartó el argumento oficial de que el problema se resolverá con una eventual asignación de fondos en el Presupuesto 2026 y fue categórico: la emergencia es ahora y exige “acciones positivas inmediatas” por parte del Estado.

Con la apelación en marcha, el conflicto escala tanto en el plano judicial como en el político. Mientras el Gobierno insiste en dilatar la aplicación de la ley, la Justicia mantiene la orden vigente y la disputa promete nuevos capítulos en el Congreso y en los tribunales.