Alberto Fernandez pidió por cadena nacional que se investigue el viaje de  jueces federales, empresarios de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la AFI a Lago Escondido en la provincia de Río Negro.  

En un mensaje a todo el país, el Presidente instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, para que avance con la denuncia penal pertinente contra quienes presuntamente participaron de este viaje que tuvo lugar en octubre pasado.

El anuncio presidencial tuvo lugar luego de las notas publicadas en el diario Tiempo Argentino y en el portal de Internet El Cohete a la luna que daban cuenta de una serie de chats filtrados que exponían cómo los supuestos participantes coordinaron a través de un chat Telegram una estrategia para instalar una versión falsa sobre dicho viaje al sur.

El intercambio de mensajes a través de un supuesto grupo de chat involucra a Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

También se encuentran involucrados el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos de los cuales se desprende que habrían organizado y costeado tanto el vuelo privado como el hospedaje en Lago Escondido.

El viaje de los jueces, funcionarios y empresarios de medios tuvo lugar el pasado jueves 13 de octubre en un chárter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, información que sería revelada días más tarde por Página/12 en su edición del 17 de octubre.

Desde entonces, tanto en la justicia federal y el Consejo de la Magistratura recayeron distintas presentaciones que les habilitan a investigar si se cometieron delitos o existieron situaciones irregulares alrededor de este viaje al Lago Escondido.

Una de ellas fue la denuncia que realizó un abogado, Marcelo Hertzriken Velasco, ante la fiscalía federal de Bariloche, que comanda María Cándida Etchepare, para que se investigue la posible comisión de delitos como la "admisión de dádivas, tráfico de influencias agravado hacia jueces y ficales y violación de deberes de funcionarios públicos".

Por su parte, Etchepare aparecía mencionada en los chats filtrados como una magistrada que había tomado contacto con miembros del grupo ahora denunciado y estaba dispuesta a dar los pasos necesarios para cerrar la causa o enviarla a la Capital Federal, aunque ella lo desmintió.

"La causa sigue en la fiscalía en plena investigación, ni en Comodoro Py ni nada", aseguró la fiscal Etchepare, según reprodujo el portal de noticias Rio Negro, que también consignó que la magistrada aseguró que no conoce ni habló "con ninguno de los que aparecen en los chats".

A su vez, la publicación de Página/12 motivó dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura: una la presentó el mismo abogado Hertzriken Velasco el 21 de octubre y la otra el abogado Luciano Ortiz Almonacid cuatro días mas tarde; pero ninguna fue sorteada todavía.

La filtración de los chats, originada supuestamente en el hackeo al teléfono celular de algunos de los protagonistas de aquel viaje, también generó denuncias ya que al menos dos presentaciones fueron realizadas hoy ante los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para que se investigue un posible hackeo.

La denuncia, que en los tribunales federales de CABA se le atribuyó a uno de los jueces que integran el grupo de que se desplazó hasta Lago Escondido, recayó por sorteo en el juzgado federal 12, que subroga el juez Ariel Lijo, mientras que el fiscal será Ramiro González.

"Voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad", había adelantado el ministro de Justicia y Seguridad porteño D'Alessandro, cuando esta mañana acusó a "la mafia kirchnerista" de estar detrás de la difusión de los chats.

Desde otro andarivel, se expresó el ministro Soria, quien afirmó que los chats y audios difundidos y atribuidos a jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la AFI tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido exponen "un escándalo como nunca antes había sucedido desde el retorno de la democracia".

Por su parte, el senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) manifestó su "profunda indignación" con la información revelada ayer tras la filtración de los chats, y juzgó que el hecho revela "la aparición en la superficie de la mafia".

En tanto, los integrantes del bloque de diputadas y diputados y el Interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos repudiaron y exigieron una inmediata investigación de la trama de "prácticas mafiosas", en referencia a los chats. "Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina", aseveraron a través de un comunicado.