Detrás de las cuentas libertarias más activas en redes sociales, se esconde una trama de vínculos formales con el Estado. Según información comercial de Nosis y registros oficiales obtenidos por La Nación mediante pedidos de acceso a la información pública, influencers como Tomás Jurado (“ElPelucaMilei”), Lucas Luna (“El Sagaz”), Pedro Lantaron (“@elpittttt”), Mariano Pérez y Ezequiel Acuña (“Pasante”) recibieron aportes patronales por parte de organismos estatales como la Secretaría General de Presidencia, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la Legislatura porteña y la Cámara de Diputados nacional y bonaerense.

Estos pagos, que en algunos casos se extienden por varios meses, no responden a una contratación centralizada, sino que se reparten entre distintas dependencias y períodos. Así, los supuestos comunicadores “independientes” que promueven y defienden al gobierno de Javier Milei en redes, en realidad estarían cobrando por esa militancia desde las arcas públicas.

Lucas Luna, identificado como parte del equipo del estratega Santiago Caputo, figura en registros como anfitrión de funcionarios en Casa Rosada y como exempleado de la Cámara de Diputados bonaerense, donde fue jefe de despacho del legislador libertario Agustín Romo. También tuvo aportes en línea registrados entre abril y julio del año pasado, aunque sin detallar empleador.

Por su parte, Tomás Jurado aparece vinculado a Karina Milei. Según la base de datos de Nosis, su último empleador fue la Secretaría General de la Presidencia, que le abonó aportes entre abril y julio de 2024. A lo largo de la gestión, Jurado registró múltiples ingresos a la Casa Rosada y autorizó el acceso de otros influencers, entre ellos Pedro Lantaron, quien también trabajó en el Incaa con tareas administrativas, según una auditoría interna.

Lantaron, además, cobró aportes tanto del Incaa como de la Cámara de Diputados bonaerense entre mayo de 2024 y abril de 2025. Su paso por el Congreso fue, nuevamente, como asesor del diputado Romo, en otro ejemplo de cómo se canaliza el financiamiento estatal a estos comunicadores.

A pesar de los intentos por mostrarse como ciudadanos espontáneamente comprometidos con el ideario libertario, estos influencers gozan de acceso privilegiado a la Casa Rosada y a espacios de poder. La opacidad en torno a sus contratos y la multiplicidad de organismos desde donde reciben aportes refuerzan la sospecha de que su rol no es el de simples comentaristas políticos, sino el de operadores encubiertos financiados por el Estado.

Mientras el gobierno de Javier Milei denuncia constantemente el uso político del Estado por parte de gestiones anteriores, esta práctica revela que la maquinaria de propaganda sigue activa, solo que ahora bajo otros nombres y hashtags. La “batalla cultural” libertaria, lejos de ser un fenómeno orgánico, parece tener un generoso respaldo estatal.

Fuente Diario La Nación