En medio de la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar con una reforma profunda del sistema previsional, el Gobierno de Javier Milei decidió no actualizar, por ahora, el bono de hasta $70.000 que perciben millones de jubilados y pensionados con ingresos mínimos.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su presentación ante la Cámara de Diputados. El bono, que se mantiene congelado desde hace dos meses, es cobrado por casi 5 millones de personas, incluyendo jubilados con la mínima, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). También lo reciben aquellos con ingresos apenas por encima del haber mínimo, aunque en montos proporcionales hasta alcanzar el tope establecido.

Este bono adicional no forma parte del cálculo del aguinaldo, lo que implica una pérdida mayor frente a la inflación. En lo que va de 2025, las jubilaciones acumulan un alza del 10,1%, pero debido al congelamiento del bono, el aumento efectivo en los ingresos mínimos es inferior: 7,9% en el haber mínimo, 7,6% en la PUAM y 7,3% en la PNC.

La sombra de la reforma previsional

La posibilidad de una reforma jubilatoria vuelve a estar sobre la mesa, impulsada por el reclamo del FMI como parte del nuevo acuerdo firmado por el Gobierno para fortalecer las reservas del Banco Central. Esta exigencia internacional choca con declaraciones recientes del propio Milei, quien había dicho que no se podía avanzar con cambios estructurales en el sistema previsional sin antes resolver los problemas del mercado laboral.

Pese a las presiones, el Gobierno todavía no blanquea un rumbo concreto. Según explicó Francos ante el Congreso, el Ministerio de Capital Humano está elaborando un “diagnóstico exhaustivo” que incluye un análisis financiero y demográfico del sistema, junto con un relevamiento de modelos internacionales que podrían servir como referencia.

De todos modos, el informe oficial aclara que, por ahora, “no se ha definido ninguna línea concreta de acción”.

En resumen, mientras el FMI exige recortes y reformas estructurales, y los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo, el Gobierno se limita a estudiar la situación. El tiempo, una vez más, corre en contra de los que menos tienen.