Como parte del proceso que se sigue desde febrero pasado a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la comisión de Juicio Político de la Cámara baja presentó un escrito solicitando a la presidencia del cuerpo que se cite de manera inmediata al juez del Máximo Tribunal, Juan Carlos Maqueda, en el marco del análisis de las imputaciones por “mal desempeño y posible comisión de delitos” vinculados a su rol de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

El pedido –votado por la mayoría oficialista– señala que dichas actuaciones se refieren "al período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021" en dicha entidad.

Según consignó la agencia Télam, en el texto, se apunta a Maqueda por "consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación".

Este pedido fue objetado por el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien cuestionó que no fueron notificados de dicha presentación. 

En respuesta, el diputado Rodolfo Tailhade señaló que "no hay ninguna causal de nulidad en seguir avanzando. Y remarcó: “No hay nada acá que esté fuera del reglamento".

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó ayer por la  tarde el análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

Además, en la jornada de ayer la comisión resolvió aceptar la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar la “extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local” que implicó dicho accionar.

Dicho pedido de ampliación había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en los mencionados distritos dada una presunta imposibilidad de los actuales mandatarios para buscar su reelección.

En lo subsiguiente, según el procedimiento establecido, se evaluarán las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido.