En lugar de atender los reclamos salariales y el deterioro de la escuela pública, La Libertad Avanza quiere imponer un límite al derecho a huelga de los docentes bonaerenses. La senadora provincial Florencia Retamoso presentó un proyecto de ley que busca declarar a la educación como “servicio esencial”, una figura legal que obligaría a mantener las clases incluso durante medidas de fuerza.

El argumento es conocido: “garantizar el derecho a la educación”. Pero en los hechos, la iniciativa apunta a desactivar cualquier forma de protesta organizada, imponer guardias mínimas en los colegios y sancionar a quienes participen de paros o los convoquen.

Protestar bajo amenaza

El texto del proyecto prevé que en caso de paro docente, las escuelas deben seguir abiertas con un 30% del personal los dos primeros días y un 50% a partir del tercero. Además, se habilitan sanciones económicas y disciplinarias para quienes “obstaculicen el derecho a la educación”, una frase ambigua que podría aplicarse contra docentes y sindicatos.

Aunque se habla de “diálogo” y “mediación”, el eje real del proyecto es poner en duda la legitimidad del reclamo docente, en un contexto donde el Gobierno nacional recorta fondos educativos y congela salarios.

Una receta repetida: ajustar y culpar a los que reclaman

Esta movida no es nueva. El año pasado, el PRO presentó un proyecto similar en el Congreso nacional. Ahora, La Libertad Avanza toma la posta en la provincia de Buenos Aires, repitiendo el mismo libreto: ajuste, precarización y ataque a quienes se organizan para resistir.

Mientras tanto, el sistema educativo bonaerense enfrenta problemas estructurales que no se resuelven con leyes punitivas: falta de inversión, deterioro edilicio, salarios por debajo de la línea de pobreza y escasez de recursos. Sin embargo, para LLA, la prioridad parece ser silenciar los reclamos antes que solucionarlos.