El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.520, una iniciativa clave para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Esta reforma tiene un impacto directo en las miles de mujeres de la provincia que, en su mayoría, no reciben los aportes alimentarios correspondientes por parte de los padres de sus hijos e hijas.

Con esta ley, los trámites judiciales se simplifican y los deudores alimentarios serán registrados como morosos desde el primer incumplimiento, una medida que busca poner fin a la impunidad y garantizar el bienestar de las mujeres y niños. Según la Ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, “esta ley garantiza equidad, fortalece el derecho de las mujeres y los niños, y nos convierte en una provincia más justa.”

En el acto de promulgación, llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof también aprovechó para criticar la situación económica nacional. Mencionó que el fracaso del Gobierno federal llevó a la intervención del FMI, lo que ha profundizado las políticas de ajuste. Sin embargo, destacó que en la provincia de Buenos Aires se sigue adelante con políticas que luchan contra la desigualdad.

Estela Díaz remarcó la importancia de la ley, resaltando que su implementación contribuirá al bienestar de las familias al garantizar que las mujeres puedan acceder a la independencia económica, lo que se traduce en un mayor bienestar para todos los miembros del hogar.

La actualización de la Ley 15.520 también modifica el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). Ahora, los progenitores que no cumplan con sus obligaciones alimentarias serán inscriptos desde el primer incumplimiento. Además, se amplía la responsabilidad a los empleadores o acreedores que hayan sido intimados por orden judicial.

Las sanciones para los deudores se incrementan con medidas como la suspensión de habilitaciones comerciales y la imposibilidad de inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. También se exige a los funcionarios públicos presentar un certificado de libre deuda del RDAM para ocupar cargos en el ámbito provincial y municipal.

Esta ley, que continúa la reforma iniciada en 2024, responde a las demandas de la sociedad civil y los estudios que muestran el alto índice de incumplimiento en el pago de alimentos, especialmente en contextos de desigualdad de género. La promulgación de esta ley es, por tanto, un avance importante en la protección de los derechos de las mujeres y los niños en la provincia.