En medio de la creciente disputa con el Gobierno de Javier Milei, la administración bonaerense promulgó la Ley N° 15.561, que habilita un esquema de financiamiento por más de US$3.600 millones, crea un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal y dispone la condonación de deudas que los municipios mantenían por fondos extraordinarios otorgados durante la pandemia.

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense y había sido sancionada el pasado 4 de diciembre por la Legislatura provincial, luego de un extenso proceso de negociación política que incluyó acuerdos tanto con sectores del oficialismo como de la oposición.

Pese a haber logrado la aprobación legislativa, la Provincia abrió un nuevo frente de conflicto con la Casa Rosada. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, anticiparon que no autorizarán la toma de deuda, un paso obligatorio para cualquier provincia, ya que la garantía final de estas operaciones es la coparticipación federal de impuestos. El eje de la controversia pasa por la interpretación del endeudamiento: mientras Nación lo considera “deuda nueva”, el Gobierno bonaerense sostiene que se trata de refinanciar y cubrir vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal.

En ese marco, el artículo 1° de la ley autoriza al Poder Ejecutivo provincial a endeudarse en pesos u otras monedas por hasta US$1.045 millones, monto equivalente a los servicios de amortización de la deuda pública previstos para el ejercicio 2025. A su vez, el artículo 2° habilita al Sector Público Provincial a contraer deuda por hasta US$1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales no previsionales, mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión.

Uno de los puntos centrales de la ley es la creación, para los ejercicios 2026 y 2027, del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar obras y programas en los 135 municipios bonaerenses. El fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. El 70% de esos recursos se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

Además, la ley dispone la condonación de las deudas municipales vinculadas al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, creado en 2020 en el marco de la pandemia, y al Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales establecido en 2023, un alivio financiero largamente reclamado por los intendentes.

La normativa también autoriza a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro por hasta US$250 millones durante el ejercicio 2026. En paralelo, habilita a Buenos Aires Energía S.A. a endeudarse por hasta US$150 millones para financiar proyectos energéticos, y a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a tomar deuda por hasta US$250 millones destinada a obras de inversión pública, con la posibilidad de otorgar garantías provinciales y constituir fideicomisos.

Por último, la ley crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica de la Provincia y los Municipios, integrada por legisladores, con facultades para requerir información al Ejecutivo y monitorear la evolución de la deuda pública. También introduce modificaciones en normas vinculadas al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico, el Impuesto al Servicio de Electricidad, el Coeficiente Único de Distribución y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, consolidando un paquete legislativo de fuerte impacto político y financiero en un contexto de creciente confrontación con el Gobierno nacional.