La situación de las rutas nacionales 33 y 35 en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires se volvió insostenible. El temporal del 7 de marzo y la paralización de obras públicas solo aceleraron un proceso de abandono que viene de meses atrás. La infraestructura vial se desmorona, la producción agropecuaria pierde competitividad y la seguridad vial es una ruleta rusa. Mientras tanto, el Gobierno Nacional sigue mirando para otro lado.

RN 35: cortada, intransitable y sin solución a la vista

Entre los kilómetros 8 y 125, la Ruta Nacional 35 está completamente cerrada al tránsito. La senadora provincial Nerina Neumann Losada fue contundente: “Es una vía estratégica para llevar la producción al puerto de Bahía Blanca, pero el Gobierno Nacional no da señales de vida”.

Los productores de Villa Iris, Darregueira y San Germán deben desviar su mercadería por la Ruta 33, duplicando costos logísticos. Un viaje que antes costaba $558.000, hoy supera el millón de pesos. Todo por la falta de mantenimiento y gestión.

“Con Vialidad Nacional desmantelada por el Ministerio de Desregulación, es imposible obtener respuestas. Los funcionarios no tienen poder real ni horizonte de gestión”, denunció la legisladora.

RN 33: vecinos al rescate ante la desidia estatal

En la Ruta 33, los vecinos hacen lo que el Estado no. Marcelo Costa, de América, se metió literalmente en un pozo de dos metros para mostrar el tamaño del peligro. Su gesto, que se volvió viral, refleja el nivel de desesperación: “Me cansé de romper llantas. Decidí marcar los pozos yo mismo. Nadie del gobierno apareció”.

Los tramos más afectados van de Fortín Olavarría a América y de General Villegas a Rufino. Accidentes, muertes y vuelcos son parte de la rutina. “Hace dos años que no se hace nada. Es un desastre total”, sentenció Costa.

Emergencia declarada, pero sin acción real

Aunque la Dirección Nacional de Vialidad declaró el Estado de Emergencia Vial por 180 días, los trabajos brillan por su ausencia. La situación se agrava con la intervención y posible privatización de Corredores Viales S.A., una decisión que pone en jaque cualquier tipo de planificación a mediano plazo.

Promesas sin fecha y vecinos que no dan más

En el plano político, las versiones son contradictorias. El diputado Valentín Miranda exige que se retomen las obras, mientras el concejal libertario Gustavo Bories asegura que la empresa adjudicataria, Edmacar, iniciará trabajos “más cerca de fin de año”.

Pero la gente ya no espera: actúa. “Yo no soy militante ni político. Solo quiero que los intendentes se pongan de acuerdo y tapen los pozos. No puede haber más muertos”, reclamó Costa.

El ajuste que se cobra vidas

Las rutas sin mantenimiento, la falta de obras y la parálisis institucional no son solo números en un Excel: son costos humanos, económicos y sociales que pagan las comunidades rurales. Mientras se exige VTV a los automovilistas y se recortan todos los programas de infraestructura, el país productivo se desangra en silencio.

Las rutas 33 y 35 son hoy el símbolo del abandono. Y también, del hartazgo de una sociedad que ya no espera soluciones: las exige.