El Gobierno de Javier Milei se prepara para una nueva pulseada parlamentaria por el Presupuesto 2026. Después de que la Cámara de Diputados rechazara la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, incluidas en el capítulo XI del proyecto, el Ejecutivo confirmó que buscará introducir cambios durante el tratamiento en el Senado para preservar su meta central: el déficit cero.

La decisión fue ratificada por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien admitió que el texto aprobado en general dejó al oficialismo con márgenes acotados para sostener su estrategia fiscal. “Vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, señaló el funcionario. Y agregó que los artículos rechazados “van a ser reestructurados” durante el debate en la Cámara alta.

En el oficialismo reconocen que, tal como quedó redactado el Presupuesto, resulta difícil cumplir con las metas de equilibrio fiscal para 2026. El rechazo opositor a los artículos vinculados a discapacidad y universidades obligó a recalcular el impacto presupuestario, en particular el del artículo 75, que concentraba ambas iniciativas. “Así como salió, es complejo”, admitió una fuente de La Libertad Avanza.

El tratamiento en el Senado comenzará formalmente este viernes y el Gobierno busca acelerar los tiempos para obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto la próxima semana. El cronograma es ajustado: si se logran introducir cambios, el Presupuesto deberá regresar a Diputados para que esa cámara convalide las modificaciones o insista con la redacción original.

Sin embargo, el escenario en la Cámara alta es incierto. En el propio oficialismo reconocen que no están garantizados los votos necesarios para reponer los artículos eliminados. Aun así, la Casa Rosada apuesta a una negociación contrarreloj con gobernadores y bloques dialoguistas para recomponer el paquete fiscal.

El traspié en Diputados dejó expuestos los límites políticos del Gobierno en temas sensibles. La eliminación del capítulo XI marcó la tercera derrota consecutiva del oficialismo en su intento de dar de baja las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, que ya habían sido sancionadas por el Congreso y luego vetadas por Milei. La oposición logró insistir y volvió a bloquear su derogación en el marco del Presupuesto.

Además de esos puntos, el capítulo rechazado incluía la restricción del régimen de “zona fría” para usuarios de gas, la eliminación de la actualización automática de la AUH, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares, así como disposiciones vinculadas al cumplimiento de fallos de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de más de 21.000 millones de pesos al Consejo de la Magistratura.

En el oficialismo admiten que algunas de esas cláusulas funcionaron como moneda de cambio para intentar sumar apoyos al paquete completo, aun a costa de medidas impopulares. La estrategia no prosperó y ahora el Gobierno busca una segunda oportunidad en el Senado para reordenar el articulado.

Por ahora, en Casa Rosada evitan hablar abiertamente de un veto. La prioridad es lograr cambios en la Cámara alta antes de fin de año y sostener la media sanción como base para “ordenar las cuentas públicas y sentar las bases del nuevo modelo económico”, según repiten en el entorno presidencial. La pelea ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo intentará reescribir los artículos caídos y mantener en pie su principal bandera económica.