El bloque de senadores de Unión por la Patria (UP) presentó un proyecto de ley con fuerte carga política y simbólica: exige que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado repatríen al menos el 50% de los fondos y activos financieros que tengan declarados en el exterior. Si no lo hacen, deberán renunciar a sus cargos en un plazo de 30 días.

La iniciativa, llamada “Ley de recuperación de la confianza financiera”, busca que quienes ocupan responsabilidades públicas den el ejemplo y respalden con hechos las políticas económicas que promueven. Además, el texto prohíbe maniobras para simular la pérdida de control sobre esos bienes, advirtiendo que podrían usarse para eludir la repatriación sin modificar las declaraciones juradas.

La norma alcanza a funcionarios en ejercicio y designados de los tres poderes del Estado. De aprobarse, quienes vayan a asumir deberán traer los fondos antes de jurar el cargo, o quedarán inhabilitados.

Entre los firmantes se encuentran senadores reconocidos como José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli y varios más.

El proyecto pone la lupa sobre funcionarios y exfuncionarios con gran parte de su patrimonio en el exterior, entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Juan José Aranguren, Nicolás Dujovne y Leandro Cuccioli, quienes en algunos casos superan el 80% de sus activos fuera del país.

Para los legisladores de UP, esta medida también es una respuesta crítica al modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, que promueve una dolarización de facto pero que exige sacrificios a la clase media mientras oculta la situación financiera de sus propios funcionarios.

“El Gobierno pide confianza, pero la confianza no se exige: se demuestra. Y el mejor modo de hacerlo es con gestos concretos de quienes están en el poder”, concluyen los autores del proyecto.

Con esta propuesta, Unión por la Patria busca establecer un mensaje claro y justo: si se reclama esfuerzo a la sociedad, ese esfuerzo debe comenzar por los que gobiernan.